Se habla con frecuencia de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos en relación con la crisis económica de la que parece que estamos saliendo. Pero, por desgracia, el núcleo de la cuestión no radica en la crisis; si así fuera, estaríamos ante un problema meramente coyuntural. El verdadero problema, que va más allá de las penurias económicas actuales, es la demografía.

Gracias, en parte, a los avances en Medicina, la expectativa de vida de la población es cada vez mayor. Eso supone un mayor gasto en pensiones y en asistencia sanitaria, pues es en las edades más avanzadas en las que se concentran la mayor parte de las enfermedades crónicas. El incremento del coste del estado del bienestar se une a una disminución de los ingresos vía impuestos, no solo por las tasas de paro, sino por la disminución de la natalidad en muchos países desarrollados.

Las proyecciones para los años venideros son ciertamente sombrías, pero nuestros políticos no parecen haberse dado cuenta; o han pensado que las posibles medidas a adoptar para evitar un problema futuro pueden suponer un alto coste electoral a corto plazo. En todo caso parece que la alternativa a emprender políticas que puedan reconducir esta situación antes de que sea demasiado tarde es tener que actuar en un escenario mucho más acuciante cuando el impacto del desequilibrio entre ingresos y requerimientos del sistema incida directamente en los ciudadanos.

Pero ¿qué se puede hacer? Existen, ciertamente, una serie de medidas que podrían aplicarse; y de hecho hay países que ya lo han hecho, como Suecia. Ahora bien, la aplicación de cualquier tipo de medida en ese sentido requiere un amplio consenso político y un alto grado de responsabilidad de la población, circunstancias ambas que en el aquí y ahora de nuestro país no pueden darse por descontadas. Continuará.