El sistema sanitario público español es considerado uno de los mejores del mundo, o al menos de los más eficientes, dada la favorable relación entre resultados en salud y recursos invertidos, lo que en gran medida tiene que ver con el bajo salario relativo de médicos y otro personal sanitario. Esta pandemia ha puesto de manifiesto sus fortalezas, pero también sus debilidades.

Fortalezas: personal entregado, altamente capacitado y motivado; capacidad de adaptarse a las circunstancias, como pone de manifiesto la multiplicación de las camas de Cuidados Intensivos cuando ha sido necesario; red hospitalaria suficiente hasta cuando se ha enfrentado a situaciones excepcionales.

Debilidades: dispersión entre los distintos sistemas sanitarios autonómicos, con carencia de herramientas que faciliten una rápida trasmisión de datos; ausencia de una base de datos única; desequilibrio entre la medicina puramente asistencial —enfocada sobre todo a agudos— y la salud pública; falta de continuidad entre servicios sanitarios y sociales; financiación justa, cuando no insuficiente, de la sanidad. La forma en que se han agilizado procedimientos administrativos de contratación de personal o aprobación de estudios científicos pone de manifiesto que, en circunstancias normales, esos procedimientos son verdaderas carreras de obstáculos administrativos, burocratizados hasta la saciedad, manifiestamente mejorables.

¿Seremos capaces de extraer conclusiones de estos hechos? El tiempo lo dirá, pero la resistencia de las autonomías a ceder poder (hacia arriba, para favorecer criterios e información únicos, o hacia abajo, implantando de una vez una Gestión Clínica real y no solo nominal) invita a un cierto escepticismo.